Alrededor de 200 agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) fueron capacitados esta mañana por el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT) en temas relacionados a fiscalización y control en limpieza pública, áreas verdes, contaminación sonora y contaminación por gases. en el marco del procedimiento administrativo sancionador.
La capacitación en tales temas estuvo a cargo del doctor en Derecho Carlos Rodriguez Rodríguez, que tiene amplia experiencia en este campo, pues ha laborado como jefe del Area de Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera y en la actualidad en el Area de Fiscalización y Control del SEGAT de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Los agentes de Seguridad Ciudadana, que se congregaron en la ex Concha Acústica, fueron capacitados a fin de realizar una correcta intervención en los 59 territorios vecinales a los cuales serán destacados a fin de desarrollar acciones en coordinación con los dirigentes vecinales, orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.
El doctor y magister en gestión pública Carlos Rodríguez explicó que el procedimiento administrativo sancionador ambiental, es un conjunto de actos a través de los cuales se investiga la posible comisión de una infracción administrativa derivada del incumplimiento de una obligación ambiental.
Señaló, durante su intervención, que si en el marco de dicho procedimiento, se acredita la responsabilidad del administrado, se pueden imponer sanciones y, en caso corresponda, medidas correctivas.
Asimismo, se podrá dictar medidas cautelares al inicio del proceso Administrativo Sancionador como medio de aseguramiento de la resolución final y la imposición de multas coercitivas como medio de ejecución forzosa de las resoluciones que imponen medidas cautelares o correctivas.
Dijo que el procedimiento administrativo sancionador (PAS) se inicia con la notificación de la resolución de imputación de cargos al administrado investigado, la cual contiene una descripción clara de los actos u omisiones que pudieran constituir infracciones administrativas, las normas que tipifican dichos actos y las sanciones que correspondería imponer.
La Autoridad Decisora emitirá pronunciamiento final determinando la existencia o no de responsabilidad administrativa respecto de cada uno de los hechos imputados. En caso se declare la responsabilidad del administrado, este tiene que cumplir con las medidas impuestas o presentar un recurso de reconsideración o apelación.