Medidas extremas se necesitan para atender el estado de inseguridad en el país, con una ola de secuestros, asesinatos, extorsiones y robos nunca antes visto, dijo el presidente del Consejo Regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, pidiendo que el Consejo Nacional de Seguridad o el Consejo de Estado se reúnan de emergencia para ver este tema.
No se cuenta con un plan de seguridad ciudadana efectivo o de existir el ‘plan Boluarte’, no está dando resultados, porque la delincuencia ha sobrepasado el accionar de la PNP, añadió, precisando que se necesita parar de una vez todo lo que está ocurriendo.
“El país y la población en general no pueden seguir soportando la espiral violencia”, enfatizó.
Se podría crear una central nacional para que la gente denuncié las extorsiones de la que son víctimas e incrementar los servicios de inteligencia. El objetivo es investigar y saber quiénes están detrás de las llamadas extorsivas y bloquear esos teléfonos inmediatamente. Es importante dar seguimiento a estos números y bloquearlos de inmediato.
Se necesita operativos permanentes e inopinados en las cárceles de todo el país, que es de donde sale la mayor parte de llamadas extorsivas o de centrales montadas por delincuentes, como ocurrió en Lima; y que se haga cumplir el Decreto Legislativo nº 1338, que se publicó en el diario oficial el pasado 17 de noviembre, que modifica el D.L. nº 1215 y el código penal, dictando medidas para combatir el empleo de equipos terminales móviles en la delincuencia.
Cadenillas indicó que otra buena medida sería el retorno de ‘jueces sin rostro’ para juzgar a las bandas organizadas y despiadados delincuentes que los amenazan o ‘aceitan’ para salir libres. Se tiene que analizar la problemática de la delincuencia desde sus orígenes y replantear estrategias en todos los sectores involucrados con esta problemática. Eso solo puede hacer el Gobierno Nacional y para eso se necesita una decisión política férrea, dijo
Si no se trabaja de manera integral no se va a solucionar esta problemática. Ya no podemos estar más con el engaña muchachos de declaratorias de emergencia sin recursos económicos. Eso no ha servido de nada. La PNP no puede solucionar de manera efectiva esto. Se necesita una intervención integral, acentuó.
El presidente del Consejo Regional reiteró la necesidad de hacer cumplir de manera efectiva el decreto legislativo que permite dar de baja a celulares utilizados en extorsión, secuestros y fraude tecnológicos e incorpora el delito de posesión ilegítima de dispositivos para adulterar, reemplazar o modificar el IMEI, con penas de hasta seis años de cárcel.
Esta norma referida al Registro Nacional de Equipos Terminales (Renteseg), involucra al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el Ministerio del Interior, la PNP, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el INPE y las empresas operadoras de servicios de telecomunicación.
El decreto legislativo modifica el art. 222-D del Código Penal, incorporando el delito de posesión ilegítima de dispositivos para adulterar, reemplazar, duplicar o modificar IMEI; y establece una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años e inhabilitación.
