El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, dijo que se han extremado las medidas para el control de combustible en el Cuartel General del Ejército, y advirtió que el uso indebido de este recurso será sancionado con todo el peso de la ley.
“Se tomarán todas las acciones, asimismo quiero advertir que el personal que realice esas acciones y salga de la línea de la legalidad será sancionado con pena privativa de libertad y se le aplicará todo el peso de la ley”, refirió.
Refirió que las investigaciones lograron determinar que la persona que ordenó la administración inadecuada del combustible asignado a su unidad es el teniente coronel jefe del Batallón de Policía Militar del Cuartel General del Ejército, que desempeñó esa función el año pasado.
Ese oficial, según declaró a Canal N, fue removido del cargo actual y puesto a disposición del Comando de Personal del Ejército para que se tomen las medias administrativas y del régimen disciplinario, independientemente de las investigaciones que realiza el Ministerio Público.
También indicó que se están identificando a los receptores del combustible, que serían 12, contra quienes se tomarán medidas.
“Pido prudencia y paciencia, como consecuencia de las investigaciones en el Ministerio Público e Inspectoría, la próxima semana se tendrán identificados (a los responsables) y se tomarán todas las acciones desde el punto de vista administrativo y penal para que no se repitan estos hechos”, puntualizó.
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En cuanto a la propuesta para reabrir El Frontón como centro penitenciario, el ministro Chávez indicó que desarrollar infraestructura en ese lugar aislado, que no cuenta con servicios básicos, tomaría un tiempo y que se requiere en este momento desarrollar infraestructura para el traslado de internos de alta peligrosidad.
“Creo que hay otras rutas en terrenos asignados y, como lo ha dicho el ministro de Justicia, se tiene previsto construir dos penales para deshacinar los centros penitenciarios», afirmó.
Finalmente, el ministro de Defensa precisó que no está previsto la entrega de armas para que las rondas campesinas colaboren con la seguridad, especialmente en Pataz, región La Libertad.
“No se aprobó ni se descarta nada, depende del escenario que se presente en cada aspecto, para llegar a eso debe haber una escalada de violencia tal que se requiera el apoyo de estas acciones, por lo pronto no se ha tomado ninguna decisión”, apuntó.
