La Libertad ocupa el segundo lugar a nivel nacional en recibir mayor número de solicitudes de CPP, con un 8.4 %. A nivel nacional se registraron 214,633 solicitudes.

Luego de concluido el plazo para presentar la solicitud de regularización, que se inició hace seis meses, la Superintendencia Nacional de Migraciones, a través de la Jefatura Zonal Trujillo registró un total de 18,029 mil solicitudes para obtener el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), por parte de personas extranjeras que hasta el 10 de mayo pasado se encontraban en situación irregular en el Perú. A nivel nacional se registró un total de 214,633 solicitudes.

Pasada las 23:59 horas de ayer viernes 10 de noviembre, Migraciones deshabilitó la opción de inicio de trámite en la Agencia Digital Migraciones. Aquellos que se registraron a tiempo y tienen citas programadas para la captura de sus datos biométricos seguirán siendo atendidos en los próximos días. 

CIFRAS. A nivel nacional, las solicitudes, iniciadas de manera virtual, corresponden en su mayoría a Lima (68.2 %), La Libertad (8.4 %), Piura (4,1 %), Lambayeque (3.5 %), Arequipa (3.1 %) y la diferencia (12.9 %) a otras regiones. 

Los solicitantes del Permiso Temporal de Permanencia provienen en su gran mayoría de Venezuela (94,3%), Colombia (2.4%), Cuba (0.9%), Ecuador (0.6%) y otros países (1.8%). Del total, 106,881 son varones y 107,752 son mujeres.

Con el CPP, los migrantes regularizan su situación migratoria y quedan habilitados para acceder a servicios públicos y privados, trabajar o iniciar un emprendimiento de manera formal, así como realizar trámites administrativos, entre otros.

Cabe indicar que una de las condiciones para acceder a este documento es que la persona extranjera no tenga antecedentes penales, policiales y judiciales vigentes en el Perú o el exterior, ni tampoco registre alertas internacionales en el sistema de la organización de Policía Internacional (Interpol).

Las personas extranjeras que no iniciaron su trámite han perdido la oportunidad de regularizar su condición migratoria y, de ser intervenidos, serán objeto de un proceso administrativo sancionador que puede derivar en una orden de salida obligatoria hasta una expulsión.

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