Ministro de Interior Vicente Romero Fernández. Los alcaldes y gobernadores regionales ahora sí podrán invertir en seguridad ciudadana gracias al decreto legislativo, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que permitirá a estas autoridades utilizar recursos del canon y sobrecanon para tal efecto.
Así lo manifestó el ministro del Interior, Vicente Romero, durante la conferencia de prensa brindada esta tarde en el patio de honor de Palacio de Gobierno, tras la sesión del Consejo de Ministros.
“Ahora ya no hay ningún pretexto para poder invertir en materia de seguridad ciudadana”, señaló.
Afirmó que, al no existir una norma en ese sentido, los gobiernos locales y regionales tenían la imposibilidad de invertir en equipamiento e infraestructura de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que hasta el momento habían destinado alrededor de 3.4% del presupuesto del canon y sobrecanon.
“En resumen, mejorar la seguridad ciudadana en estos sectores”, manifestó.
En el marco de las facultades legislativas dadas por el Congreso, el Consejo de Ministros aprobó este lunes el decreto legislativo que autoriza a los gobiernos regionales y locales a utilizar los recursos del canon y sobrecanon, para fortalecer la seguridad ciudadana en sus respectivas jurisdicciones.
La información la dio esta tarde el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, quien señaló que esta norma “va a permitir que se potencien las comisarías y un trabajo más estrecho entre la Policía y los gobiernos, especialmente locales”.
Se trata del segundo decreto legislativo en materia de seguridad ciudadanos, luego que la semana pasada se aprobara el primer decreto, que eleva hasta los 20 e incluso 30 años de prisión, por el robo de celulares.
Unidades de flagrancia
Asimismo, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Otárola dio cuenta de la aprobación por el Consejo de Ministros de un decreto de urgencia, que dicta medidas extraordinarias para fortalecer las unidades de flagrancia delictiva.
“Esta es una norma que consideramos potente, muy importante, y que va en línea con la lucha frontal contra la delincuencia que ha emprendido este gobierno”, señaló.
Las unidades de flagrancia reúnen en un mismo espacio al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, y permite dictar sentencia en tiempo récord contra delincuentes detenidos en flagrancia, es decir, hasta 48 horas después de cometido el delito.
