De un total de 20 millones de dólares que ingresaron en el sistema financiero costarricense
Un total de 6,6 millones de dólares relacionados con un caso de presunta corrupción del expresidente Alejandro Toledo y que ingresaron al sistema bancario costarricense pasarán a manos del Estado de Costa Rica, informó este lunes el Ministerio Público de ese país.
«La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial logró, dentro de un proceso de capitales emergentes, que se condenara a la sociedad Ecostate Consulting Group S.A a la pérdida de 6.635.267 dólares, suma que pasará a ser propiedad del Estado por carecer de causa lícita», detalló el Ministerio Público.
Este dinero fue inmovilizado por las autoridades costarricenses como parte de la investigación por el caso «Ecoteva», abierto en 2013 y en el que el expresidente habría recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, con la complicidad de su suegra, Eva Fernenbug; y el encargado de seguridad durante su Gobierno, Avraham Dan On.
De acuerdo con la investigación, empleados de un banco privado costarricense habrían ofrecido facilidades en los trámites para que los imputados ingresaran y diversificaran en el sistema financiero costarricense aproximadamente 20 millones de dólares.
Ese dinero había sido otorgado a Toledo y sus colaboradores por parte de la empresa brasileña Odebrecht, en el marco de un caso de megacorrupción que salpicó varios países latinoamericanos, agregó el Ministerio Público costarricense.
De esos 20 millones de dólares, las autoridades de Costa Rica lograron inmovilizar los 6,6 millones de dólares que hoy se ha anunciado que pasan a manos del Estado costarricense.
La Fiscalía informó que el proceso en contra de Toledo, Fernenbug y Dan On se mantiene abierto y, a su vez, también son procesados en Perú.
Toledo, quien fue extraditado en abril pasado y se encuentra en prisión preventiva mientras es juzgado, está imputado por haber recibido unos 34 millones de dólares de Odebrecht mediante varias empresas creadas en paraísos fiscales, con los cuales adquirió bienes inmuebles en Perú.
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