Ante las sucesivas muertes de menores de edad en los socavones, acciones de sicariato, trata de personas, falta de protocolos de sanidad en plena pandemia de la Covid-19 y los altos niveles de contaminación en las poblaciones cercanas, el Estado Peruano, a través del Ministerio del Interior retomó las acciones para enfrentar a la minería ilegal en la provincia de Sánchez Carrión.
Así lo anunció, el director general de la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Alberto Rojas, quien informó que el Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Defensa viene planificando la interdicción del cerro El Toro, proceso que quedó pendiente de ejecutar por la pandemia de la Covid-19.
“Conocemos la problemática en el cerro El Toro, es una problemática de minería ilegal que trae otros delitos conexos. El Ministerio del Interior es el encargado de poder contrarrestar esta ilícita actividad; incluso, ya viene planificando una acción en esa zona, que a causa de la pandemia se retrasó y se iba a ejecutar junto al Ministerio de Defensa. El Gobierno contrarresta la minería ilegal, que es un delito, con acciones directamente como la interdicción”, sostuvo.
Por su parte, el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, ratificó su posición de lucha frontal contra la minería ilegal a la cual consideró un problema latente al interior de la sierra liberteña; por lo que reiteradamente ha solicitado la interdicción del cerro El Toro, para poner fin a los daños irreversibles a la vida y al medioambiente que viene perpetuando estas mafias mineras en la zona.
“Hay un problema latente y permanente de la minería ilegal, por ello hemos solicitado en tres oportunidades la interdicción en el cerro El Toro. Es decir, la participación del Ministerio del Interior, y todas las fuerzas del orden como el Ejército para contralar la minería ilegal”, recalcó.
Muertes en la impunidad
De otro lado, el Consejo Regional de La Libertad sesionó recientemente para tratar un tema preocupante: la solicitud que los mineros ilegales realizaron para destituir al gerente regional de Energía y Minas, Raúl Araya. Y exigieron, además, la presencia de la consejera por Sánchez Carrión, Jennifer Catalán.
En esta sesión el presidente del Consejo Regional, Greco Quiroz, mostró su preocupación y sorpresa por las acciones de los ilegales que buscan la intermediación de las autoridades regionales a fin de seguir operando en la más absoluta impunidad y dejando a su paso más de 72 muertos registrados en los últimos años.
“La Fiscalía ha iniciado procesos por minería ilegal contra Jorge Espejo Moreno y Alva Polo. Extrañamente estos señores buscaron la ayuda de la consejera Catalán, quien además envió un oficio a la Defensoría del Pueblo intercediendo por ellos. Me pregunto si los consejeros podemos gestionar a favor de dos personas que vienen siendo investigadas por minería ilegal. Recordemos que los mineros ilegales de Sánchez Carrión han acumulado millones, han provocado la muerte de 72 personas, la mayoría menores de edad, y compran el silencio de las víctimas. No son personas pobres o desvalidas”
Fiscalía inicia inspecciones
Asimismo, La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Judicial de La Libertad, envió un oficio a la Gerencia Regional de Salud de La Libertad para solicitar un representante a efectos de pueda participar en la realización de tres diligencias de Verificación Fiscal y Toma de Muestras programadas en Huamachuco. Estas diligencias, según el documento, se efectúan a efectos de proceder a verificar los hechos que son materia de investigación. Es decir, se constatará si por acción de la minería ilegal hay contaminación en el suelo, subsuelo y aguas naturales.