Frank Almanza, fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, alertó sobre posible influencia de estas mafias en la política, porque “todo aquel que tiene poder económico busca poder político”. Cuestionó también la falta de recursos logísticos para enfrentar esa actividad ilegal que se sigue expandiendo bajo el amparo del Reinfo.
El fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Frank Almanza, se sumó a las voces que consideran muy posible que los mineros ilegales financien a políticos en las elecciones generales, regionales y municipales del 2026.
“Todo aquel que tiene poder económico busca poder político. Así que no sería extraño que el dinero de la minería ilegal financie candidaturas”, respondió Almanza a la pregunta de si creía que el avance de la minería ilegal perturbaría las próximas elecciones.
No solo el fiscal Almanza piensa así. Según un estudio de Ipsos, el 70 % de peruanos dijo que esta actividad financiará la próxima campaña electoral, mientras que el 82 % señaló que este grupo tiene actualmente influencia en el Congreso y los gobiernos regionales.
Según el fiscal, ahora que se aproximan las elecciones, los candidatos a diputados, senadores y presidente deben plantear soluciones claras sobre esta situación. “Debería ser un punto imprescindible en el debate de las campañas”, señaló Almanza.
Para Almanza, lo importante en este momento es que el problema de la minería ilegal ha sido visibilizado. Nadie puede decir que no sabía, y la población ya está sensibilizada.
Interdicción no es suficiente
El fiscal refirió que las fiscalías ambientales persiguen los delitos de minería ilegal y realizan acciones de interdicción, como la destrucción de maquinaria, dragas, tracas (explosivos) y retroexcavadoras.
Sin embargo, precisó que el número de maquinaria en Puerto Maldonado, por ejemplo, es muy alto. En La Pampa, en Delta 1, habría cerca de 5,000 dragas y tracas, cada una con su respectiva máquina de lavado. Incluso tienen puentes; casi 700 máquinas entre cargadores, retroexcavadoras y camiones. “Las interdicciones ayudan. Se destruyen diez maquinarias por operativo, pero la minería ilegal, con el poder adquisitivo que tiene y el alto valor del oro hoy día, vuelve a adquirir estos equipos. Por eso creo que, si bien las interdicciones avanzan, no son la única solución”, señaló.
Para el fiscal, lo más importante para enfrentar a los mineros ilegales es identificar a los que están detrás de las organizaciones dedicadas a la minería ilegal. Para eso, dijo, es relevante contar con trabajo de inteligencia operativa, una búsqueda que conduzca a ellos. “Si solo intervenimos a los que están al lado de una máquina, capturamos al peón. Esa es la parte que falta. A partir de allí se podría empezar a hacer un trabajo serio”.
El Reinfo
El fiscal Almanza también consideró que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se ha convertido en un escudo para operar ilegalmente. Recordó que, desde el 2012, menos del 2 % se ha formalizado y que actualmente hay más de 80,000 Reinfo, de los cuales 60,000 están suspendidos. “Pero estar suspendido no les impide operar. Y la norma —el Decreto Legislativo 1351, con una disposición complementaria final— dice que basta con tener el Reinfo para estar exonerado de delitos. Es una exención de responsabilidad. Nos hemos opuesto a que se siga prorrogando”, explicó.
Pese a eso, las fiscalías hacen esfuerzos para perseguir los delitos contra el medio ambiente. Sin embargo, no tienen la logística que hace falta. Almanza precisó que necesitan camionetas 4×4 para la sierra; deslizadores y chalupas para la selva; chalecos antibalas, ropa adecuada, botas con punta de acero, linternas, videocámaras, chalecos salvavidas, cuchillos de supervivencia, machetes, carpas y bolsas de dormir. “Pero el presupuesto para este año ha sido cero. Para Pataz sí se abrió presupuesto, pero solo después de la tragedia”.
