Frente a los últimos hechos de violencia registrados en algunas provincias de La Libertad, la oficina de la Defensoría del Pueblo en este departamento demandó a las autoridades regionales, provinciales y distritales poner en marcha su Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2021, a fin de garantizar el derecho a la integridad física de la ciudadanía.
La institución también solicitó a la Policía Nacional del Perú reforzar sus estrategias de inteligencia y el patrullaje en sus mapas del delito y en las zonas de riesgo, a fin de reducir los altos índices de criminalidad, sobre todo considerando que solo en lo que va del mes de marzo, se han registrado 10 crímenes y, en lo que va del año, se han cometido 40 crímenes en la región.
Asimismo, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad consideró importante que se pongan en marcha acciones concretas desde los comités regionales, provinciales y distritales de Seguridad Ciudadana, haciendo uso de las atribuciones que la ley les confiere, para así reducir la creciente sensación de inseguridad en las calles por parte de la población.
En esa línea, también se resaltó la importancia de poner especial énfasis en la participación de la sociedad civil organizada en la elaboración y el seguimiento de los planes de seguridad ciudadana, así como en la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades competentes, para el cumplimiento de sus metas.
Agregó que desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, la Defensoría del Pueblo ha venido supervisando con un enfoque 360° de protección de derechos humanos a las diferentes instancias del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de la Ley N° 27933. Esta labor busca garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía, pero, además, de aquellos actores desplegados en la denominada “primera línea”, como es el personal policial, a efecto de que puedan cumplir sus funciones en condiciones dignas y sin verse afectados sus derechos a la vida, salud e integridad.
Finalmente señaló que continuará vigilando el respeto de los derechos de la ciudadanía con el objetivo de garantizar sus derechos a la seguridad e integridad física, para lo cual continuará supervisando la labor que realizan las autoridades a todo nivel a fin de contribuir en la reducción de los hechos de violencia.