Funcionarios de la Municipalidad de Trujillo se pronuncian tras atentado en discoteca Dali
Revelan reiteradas intervenciones para cerrar eventos no autorizados, sin embargo dueños de centro de diversión se resisten a acatar las normas municipales.
Tras el atentado ocurrido en la discoteca Dali, que dejó más de 30 heridos, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo se pronunciaron públicamente para aclarar que el establecimiento ya había sido intervenido días antes por desarrollar eventos no autorizados e incumplir las ordenanzas municipales relacionadas con el horario de funcionamiento.
El gerente municipal, Carlos Sánchez; la gerente de Fiscalización, Vicky Mori y la subgerente de Control de Fiscalización, Ana Vásquez, indicaron que el personal de fiscalización realizó operativos el viernes y sábado de la semana pasada, durante la noche del viernes se cerró un evento público no deportivo que no fue autorizado y se instó a los responsables del local nocturno a cerrar sus puertas a la 1:00 de la madrugada, tal como lo establecen la ordenanza municipal n.° 046-2024-MPT.
Señalaron que el sábado los administradores de la discoteca negaron el ingreso al personal de fiscalización y en todo momento mostraron resistencia a acatar las disposiciones municipales, de cerrar a la una de la madrugada.
“Existe la responsabilidad en los administradores de la discoteca por permitir el ingreso de menores de edad, sin exigirles mostrar sus documentos de identidad y por no realizar las revisiones corporales para evitar que ingresen todo tipo de armas y explosivos”, precisaron.
Desde la comuna trujillana informaron que los operativos de control continuarán en distintos locales nocturnos de la ciudad con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y el respeto de las ordenanzas municipales, especialmente en zonas donde se concentran discotecas y bares.
Asimismo, indicaron que estos establecimientos deben cumplir estrictamente con los horarios de atención, las medidas de seguridad y las normas municipales, advirtiendo que el desacato podría derivar en sanciones administrativas, clausuras temporales o definitivas.
