Concejo acordó que Secretaría General lo solicité al Poder Judicial.
A pedido del regidor Jorge Vásquez, en la sesión ordinaria de ayer miércoles se acordó por mayoría que la Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Trujillo solicite a la Corte Superior de Justicia de La Libertad la resolución en segunda instancia del caso por difamación en que fue sentenciado el alcalde Arturo Fernández.
Tal resolución (N° 30, de la Segunda Sala de Apelaciones) resuelve confirmar la sentencia del Quinto Juzgado Penal Unipersonal, donde se señala como autor del delito de difamación al alcalde Arturo Fernández en agravio de Nataly Rojas; y se le impone un año de pena privativa de la libertad (suspendida en su ejecución).
El pedido, según sustentó, fue para que a la brevedad este tema se pueda abordar en el Concejo Municipal y se proceda a una posible suspensión en el cargo de la autoridad edil provincial, considerando la situación de atraso en que está la MPT.
Al respecto, el gerente de Asesoría Jurídica, Luis González Gutiérrez, precisó que la MPT aún no había sido notificada sobre esta resolución y que se debía esperar a contar con el documento, debiendo respetarse la ley y garantías procesales.
Deben hacernos llegar el documento, para tomar conocimiento. Ha llegado un pedido que no tiene la sentencia para poder corroborar. No podemos adoptar decisiones en vías de regularización. Hay requisitos y formas que se deben seguir. Hay que ser respetuosos del debido procedimiento. No podemos tomar decisiones fuera del marco de la ley, señaló.
La regidora Sandra Trujillo argumentó que ya se había ingresado un documento de una persona particular pidiendo la suspensión en el cargo del alcalde por lo que era necesario que el secretario general solicite la copia certificada de tal resolución.
El regidor Luis Miguel González Rosell señaló que como la MPT no fue parte de este proceso el Poder Judicial solo estaría notificando a la denunciante y al denunciado, por tratarse de un tema personal; y que antes de proceder a cualquier acto en el Concejo Municipal se debería tener la copia certificada del acta de sentencia.
Por su parte, el concejal Juan Namoc Medina precisó que el pedido de Sandra Trujillo era congruente. “La norma dice que tal resolución es válida una vez que está colgada en su portal”, precisó.
Sandra Trujillo añadió que como la sentencia fue pública, está en todos los medios de comunicación y es de conocimiento público no estaba requiriendo que el Concejo someta a votación su pedido, ya eso estaba facultado por ley.
Andrés Sánchez refirió por su parte que el asesor jurídico no puede intervenir en el debate sino solo cuando se le pide su opinión. “No puede decirnos cómo actuar. A todos nos preocupa la situación legal en que se encuentra la Municipalidad”, acotó.
