El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional dictó impedimento de salida del país por 36 meses a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y contra su aún esposo, Mark Vito.

El juez Víctor Zuñiga, titular del referido juzgado, dispuso la medida para Fujimori y Vito Villanela con miras al próximo juicio público que se desarrollará por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

La prohibición de viajar fuera del país también será de aplicación a los siguientes colaboradores de Fuerza Popular: Vicente Silva, Ana Herz, Adriana Tarazona, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Pier Figari.

Por otro lado, Zúñiga denegó el pedido del Ministerio Público de imponer una vigilancia judicial al referido partido político por los próximos tres años.

Asimismo, el juez les impuso a los acusados la obligación de no variar su actual domicilio, sin previa autorización; comparecer cada 30 días al registro de control biométrico para registrar su huella e informar al juzgado de sus actividades; presentarse a las citaciones de la Fiscalía y al juzgado cada vez que sean citados para alguna diligencia; y la prohibición de comunicarse con coimputados, testigos o peritos del proceso.

El Ministerio Público había pedido otras 16 reglas de conducta que el juzgado consideró infundadas, por lo que apelaron a la decisión del juez. Del mismo modo, los abogados presentarán un recurso en contra de la medida.

Por último, el Poder Judicial dispuso el pago de una caución para Vicente Silva por S/ 20,000; para Ana Herz por S/ 15,000; a José Chlimper por S/ 40,000; y a Mark Vito por S/ 10,000, que deberán abonar dentro del plazo de 10 días hábiles.

Con la decisión del juez Zúñiga se pone fin a casi dos años de audiencias de control de acusación por el caso Cócteles. 

La tesis fiscal sostiene que el partido Fuerza Popular realizó actividades para recaudar fondos a fin de solventar la campaña presidencial de su lideresa el 2016. 

Dichos fondos, señala la Fiscalía, no pudieron ser sustentados por la organización política en su momento, además de que se habría configurado el delito de organización criminal al señalar que los eventos habrían funcionado como fachada para introducir aportes de empresas cuestionadas como la constructora Odebrecht.