La Cámara de Diputados, en un Congreso Bicameral, tendrá en exclusividad la función de proponer proyectos de ley, realizar el control político y crear comisiones investigadoras, señaló César Delgado-Guembes, ex oficial mayor del Parlamento.
Sostuvo que la función de presentar iniciativas legislativas será únicamente de los diputados, a diferencia de la Cámara de Senadores que interviene solo cuando el proyecto ha sido aprobado por la Cámara de Diputados.
“Si no aprueba, el Senado no asume competencia, pero si es aprobada por Diputados, pasa al Senado. Si esta cámara lo aprueba, se remite al Ejecutivo, sin posibilidad de corregir en Diputados; si se recha, la norma se archiva y no regresa a Diputados como una segunda opción”, explicó.
Asimismo, dijo que la función de control político será de la Cámara de Diputados, que la ejercerá a través la interpelación, la censura y el voto de confianza cuando es requerido.
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“A partir de esa decisión (voto de confianza), el Ejecutivo debe tomar previsiones respecto a la eventualidad de una disolución, que recae solo en la Cámara de Diputado, mas no la Cámara de Senadores”, refirió.
La Cámara de Diputados, del mismo modo, será la única facultada para crear comisiones investigadoras.
En cuanto a las denuncias constitucionales contra altos funcionarios del Estado, Delgado-Guembes, sostuvo que esta función se mantiene en un régimen bicameral, es decir, Diputados empieza con la investigación y decide si hay mérito para acusar ante el Senado.
“Si hay mérito, se forma una comisión acusadora en Diputados que se presenta al Senado, quien define si autoriza o no el levantamiento de fuero y declara si hay lugar a formación de causa, cuando es un delito”, refirió.
Lo mismo sucederá con la denuncia constitucional por infracción a la Constitución. Diputamos define si hay mérito para acusar y el Senado ve si sanciona con destitución, suspensión o inhabilitación.
Delgado-Guembes sostuvo que la Ley Nº 31988, de retorno a la bicameralidad, promulgada por el Gobierno, entrará en vigencia a partir de las próximas elecciones generales de 2026, hasta entonces existe, pero no está vigente y por tanto no afecta en absoluto los proceso que se siguen entre el Ejecutivo y el Legislativo, y los propios procesos del Congreso.
