Recomienda al municipo de Huaura fiscalizar cumplimiento de la Ley 30802 tras caso de feminicidio de hermanas
Los establecimientos de hospedaje deben respetar y cumplir con las leyes y regulaciones destinadas a proteger a las niñas, los niños y adolescentes, para prevenir situaciones de riesgo, como el posible abuso, explotación infantil o feminicidio, remarca la Defensoría del Pueblo.
Tras tomar conocimiento del caso de feminicidio de dos hermanas en el hotel D’Poly de Huacho, la Defensoría del Pueblo recomendó al alcalde provincial de Huaura fiscalizar que estos establecimientos cumplan la Ley 30802, que establece que el ingreso de niñas, niños y adolescentes a establecimientos de hospedaje solo es posible en compañía de sus madres, padres o tutores.
Aconsejó, además, constatar que los hoteles, hostales, hospedajes u otros de su jurisdicción cuenten con la licencia de funcionamiento.
Se debe capacitar sobre la materia a las/os funcionarias/os y servidoras/es municipales encargados de inspeccionar los establecimientos de hospedaje, así como a las/os administradoras/es y trabajadoras/es de dichos locales, para que estén familiarizados con la normativa y puedan asegurar su cumplimiento, refiere el oficio enviado en la víspera al burgomaestre de Huaura, Santiago Cano La Rosa.
Los establecimientos de hospedaje deben respetar y cumplir las leyes y regulaciones destinadas a proteger a las niñas, los niños y adolescentes, para prevenir situaciones de riesgo, como el posible abuso, explotación infantil o feminicidio, como se dio en este caso. Esto implica no solo buscar responsabilidades legales, sino también implementar medidas que prevengan situaciones similares en el futuro y protejan los derechos y el bienestar.
La Ley B.º 30802 establece en su artículo 2.º que “el ingreso de niñas, niños y adolescentes a las habitaciones o departamentos de establecimientos de hospedaje se efectuará en compañía de uno o ambos padres, tutor o responsable, debidamente acreditados por la autoridad competente o con la documentación que demuestre la relación judicial o legal que exista entre ellos o, en su defecto, con autorización otorgada por escrito y con firma legalizada por notario (…) y el incumplimiento de ella tienen una sanción».
La Defensoría del Pueblo continuará haciendo un seguimiento a las condiciones de los servicios que se brinden a la ciudadanía, con la finalidad de evitar poner en peligro a la población en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, mujeres, así como personas adultas mayores y con discapacidad.
