La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formuló una denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, y la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla Vergara.
De acuerdo el Ministerio Público, a los exfuncionarios se les imputa ser presuntos autores de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y nombramiento ilegal, en agravio del Estado.
El supuesto ilícito está vinculado a la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado, sin previo informe técnico o legal de asesoría jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
Alegan, además, que Soria Luján no contaba con la trayectoria en defensa jurídica del Estado exigida por el Decreto Legislativo 1326.
Como se recuerda, Daniel Soria Luján fue designado como Procurador General del Estado en febrero de 2020, durante el gobierno de Martín Vizcarra. Posteriormente, en enero de 2022, el exministro de Justicia Aníbal Torres anunció la revisión de dicho nombramiento.
Soria fue destituido de su posición después de presentar una denuncia contra el expresidente Pedro Castillo ante la Fiscalía. Esto ocurrió tras revelarse las visitas de la empresaria Karelim López al Palacio de Gobierno y presuntos actos de corrupción en el Estado.
Cuando fue removido de su cargo, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría, que está adscrito al Minjusdh, afirmó que Soria había sido designado a pesar de no cumplir los requisitos establecidos en la ya referida normativa.
