Las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) presentó un recurso de nulidad contra la decisión adoptada por el Poder Judicial (PJ), respecto al derrame de petróleo por parte de la empresa Repsol, hecho que ocurrió el 15 de enero de 2022.
A través de un comunicado, indican que esta medida fue tomada en la víspera por parte de la FEMA Lima Noroeste, debido a que el entonces fiscal Ariel Tapia Gómez, sin haber readecuado el tipo penal de contaminación ambiental, de dolosa a culposa, «solicitó la aprobación del acuerdo de principio de oportunidad con la empresa investigada«.
Como se recuerda, dicha solicitud fue aprobada, el 29 de agosto de 2025, por el Poder Judicial.
«Ante ello, la Fiscalía de la Nación —el mismo 29 de agosto— dio por concluida la designación del fiscal provincial provisional Ariel Tapia Gómez, luego de que la Coordinación Nacional de las FEMA alertara las inconsistencias y falta de sustento del acuerdo que ordena a los responsables de los daños ocasionados en la costa peruana el pago de una indemnización que se considera insuficiente«, indica.
Asimismo, precisa que en este recurso de nulidad «se sostiene que no se respetó las imputaciones originales y se vulneró presupuestos legales«.
«Entre ellas, no se contempla que el derrame ocasionó una afectación masiva al ecosistema, áreas naturales protegidas y a miles de personas«, agrega el comunicado.
Además, señaló que desde el pasado 1 de setiembre, la fiscal adjunta provincial Tamara Gonzáles Baldeón asumió el despacho de la FEMA Lima Noroeste, quedando a cargo del caso Repsol y, que, como primera actuación fiscal, presentó el recurso de nulidad antes mencionado.
«De esta manera, la Coordinación Nacional de las FEMA reafirma su posición en el sentido de que este caso debe ser investigado como contaminación ambiental dolosa, debido a la magnitud del desastre y las consecuencias sociales, ambientales y económicas que generó«, refiere.
También, adelantó que se tomarán las acciones legales correspondientes contra el ahora exfiscal Ariel Tapia Gómez y el procurador público Julio César Guzmán Mendoza, quienes celebraron el acuerdo cuestionado.
De igual modo, se reforzará la supervisión de todas las fiscalías ambientales del país a fin de garantizar un correcto uso de los mecanismos alternativos y asegurar que hechos de grave afectación al medio ambiente reciban la respuesta penal que corresponda.
