Después de 16 meses de prisión preventiva en el penal de Aucallama, el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Miguel Ángel Asanza Rodríguez recuperó su libertad gracias a la defensa conjunta asumida por la Defensoría del Policía, que logró demostrar la falta de sustento en las acusaciones en su contra.

El director general de la Defensoría, general PNP (r) Máximo Ramírez de la Cruz, acudió al establecimiento penitenciario de Huaral para acompañar al suboficial en el momento de su excarcelación. En esa ocasión, destacó el compromiso de la institución con la protección de los derechos de los policías procesados injustamente.

Asanza fue detenido el 20 de mayo de 2024 junto a otros suboficiales por presunta participación en la fuga de ciudadanos extranjeros detenidos en la comisaría de Yerbateros. 

Sin embargo, los informes de geolocalización, registros de llamadas y testimonios confirmaron que se encontraba en su domicilio en Chorrillos durante las fechas claves, lo que descarta su implicación en los hechos.

El expediente muestra que las versiones iniciales de los ciudadanos extranjeros involucrados cambiaron con el tiempo y varias de sus declaraciones terminaron siendo desvirtuadas. La Fiscalía, pese a solicitar acceso a todos los registros, no logró identificar llamadas ni comprobar el uso del celular de Asanza, debilitando los elementos de convicción en su contra.

La Defensoría del Policía asumió la representación legal de Asanza desde el inicio del proceso. Sustentó su intervención en pericias y recursos legales que evidenciaron las inconsistencias de la acusación. La estrategia se centró en confrontar las pruebas fiscales con registros objetivos que confirmaban la inocencia del suboficial.

Al respecto, Ramírez de la Cruz señaló: “Este caso es una muestra clara de que ningún policía debe enfrentar en soledad procesos derivados de su labor. La Defensoría estará siempre presente para garantizar la defensa y dignidad de quienes cumplen con el deber constitucional”.

La liberación del suboficial no solo representa un triunfo personal, sino también un precedente para decenas de policías que enfrentan investigaciones por hechos ocurridos en servicio, señaló la Defensoría del Policía.

Asimismo, subrayó que este caso refuerza el mensaje de que la institución no se limita a trámites administrativos, sino que se extiende hasta los tribunales y penales, asegurando que la justicia prevalezca frente a acusaciones sin sustento.

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