El Gobierno de Ecuador planea poner a policías y militares retirados al frente del control de la seguridad de las cárceles del país, como parte de un plan de reestructuración del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia del Estado que administra las prisiones, dijo este domingo el ministro del Interior, John Reimberg.
«Estamos haciendo ciertas modificaciones para que personal policial y militar que ya se retire de las fuerzas pueda incorporarse al servicio de seguridad del SNAI, para que ellos sean los nuevos funcionarios que ya cuentan con una capacitación y una preparación muy aparte de la que tengamos que hacer nosotros», dijo Reimberg en una entrevista con el canal de televisión Ecuavisa.
El ministro dijo que se incorporará «el personal que sea necesario para que se hagan carga, como debe ser, de todo el sistema penitenciario».
Actualmente, las cárceles de Ecuador están custodiadas por el cuerpo de vigilantes del SNAI, que son personas civiles que no portan armamento letal, y por policías y militares.
Pero el Gobierno aspira a que estas nuevas incorporaciones permitan sacar de las prisiones a los policías y militares en servicio activo para llevarlos a las calles, en el marco del «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa en 2024 para combatir a los grupos de crimen organizado.
Sin embargo, se desconoce cuándo se podría realizar este cambio en el interior de las prisiones, puesto que Reimberg aseguró que primero se debe realizar una reforma legal que permita a policías y militares retirados la no retención del 40% de la pensión recibida por jubilación una vez que se incorpore al sistema penitenciario.
«Eso es algo que el presidente no va a permitir y para esto estamos haciendo ya las modificaciones necesarias», añadió.Una vez que entre en vigencia este cambio legal comenzará un proceso de selección para policías y militares en servicio pasivo y posteriormente una capacitación.
Las cárceles son parte de la crisis de violencia que conllevó al país a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, lo que llevó a Noboa a ordenar su militarización desde inicios de 2024 cuando declaró la «guerra» a las bandas del crimen organizadas y las catalogó como «grupos terroristas».
Hasta ese momento las bandas criminales controlaban las principales cárceles del país, donde desde 2021 han sido asesinados más de 500 reclusos, la mayoría de ellos en una serie de masacres por enfrentamientos entre distintas estructuras criminales.
