Condenamos enérgicamente el reciente ataque sufrido por minera Poderosa en la provincia de Pataz, donde delincuentes armados tomaron el Nivel 2820 de la mina, dejando tres trabajadores heridos y tomando a uno de ellos como rehén durante seis horas. Este acto violento y cobarde, perpetrado en medio del Estado de Emergencia vigente en la zona, evidencia una preocupante falta de seguridad y control por parte de las autoridades.
Lamentamos profundamente la situación y expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores afectados y sus familias. Es inadmisible que, pese a la presencia de un contingente de las fuerzas del orden, estos ataques continúen ocurriendo, poniendo en riesgo la vida de las personas y la continuidad de las operaciones mineras.
El gobierno está perdiendo la batalla contra el crimen organizado, condenando a los ciudadanos a vivir en zozobra e inseguridad.
Instamos al gobierno a reforzar las medidas de seguridad y a actuar con firmeza contra las mafias organizadas que operan en la región. Es imperativo que se tomen acciones contundentes para desalojar a los mineros ilegales que mantienen control sobre varios puntos del país. Asimismo, se debe reforzar el control sobre el transporte de mineral ilícito.
Lamentamos que, incluso en situaciones como esta, existan congresistas que impulsan la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), lo que fomenta la minería ilegal en lugar de combatirla.
Este atentado debe ser un punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia en el sector minero. No podemos permitir que las mafias organizadas sigan sembrando el terror y socavando la estabilidad del país. Hacemos un llamado a las autoridades a garantizar la seguridad de todos los peruanos y a proteger las inversiones legítimas que contribuyen al desarrollo económico del Perú.
