En un operativo conjunto, personal de la Fiscalía, la Policía Nacional y el departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), detuvo a Gerardo Chunga Z., investigado por los presuntos delitos de explotación sexual de menores y pornografía infantil agravada, y rescató a cuatro adolescentes.
La diligencia incluyó allanamientos y se realizó con participación de la División de Trata de Personas, la Dirección General de Inteligencia y la unidad TCIU de la Policía, además del apoyo de la ONG Our Rescue y agentes del HSI estadounidense.
Durante la intervención, Chunga se identificó como suboficial de segunda de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en situación de actividad. Fue arrestado en su vehículo cerca de su vivienda en el distrito de Villa El Salvador, donde también se le incautaron teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.
El jefe de la División de Trata de Personas, coronel PNP Jan Bergerot Castro, explicó que el detenido utilizaba la modalidad conocida como “llavero”, que consiste en trasladar a las víctimas a diferentes hostales para su explotación sexual.
“Aprovechaba la vulnerabilidad de estas adolescentes para lucrar con ellas. También se han realizado allanamientos en su domicilio”, declaró a TV Perú.
En paralelo, se intervino un hostal en San Juan de Miraflores, donde fue detenido en flagrancia Jaime Calixto (57), propietario del establecimiento, junto a la recepcionista Sara Sire (18). En el lugar se hallaron cuatro menores de entre 15 y 17 años, una de ellas embarazada.
De acuerdo con la investigación fiscal, Chunga captaba a las adolescentes mediante aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, haciéndose pasar en ocasiones por mujer para ganarse su confianza. Posteriormente las obligaba a enviar fotografías íntimas y a sostener encuentros sexuales con clientes, elaborando catálogos con sus imágenes.
En el registro de sus equipos electrónicos, la Policía encontró abundante material de carácter sexual infantil y conversaciones sobre supuestas ofertas de menores a eventuales clientes, evidencias que serán incorporadas a la investigación.
Según el Código Penal peruano, el delito de pornografía infantil agravada contempla penas de entre 10 y 15 años de prisión, mientras que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en su modalidad agravada está sancionada con la condena de cadena perpetua.
