La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente Pedro Castillo, a la ex jefe del gabinete, Betssy Chávez y al exministro del Interior, Willy Huerta.
Según la denuncia constitucional, el exmandatario y sus dos exministros habrían infringido la Constitución por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
El informe final fue aprobado hoy por la citada subcomisión que preside la congresista Lady Camones (APP), por 10 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones.
De acuerdo al procedimiento parlamentario, este informe final será remitido a la Comisión Permanente del Legislativo, que luego deberá elevar al Pleno del Congreso para su calificación final.
La correspondiente denuncia constitucional (DC 547), acumulada con la DC 575, fue presentada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) y responsabiliza a Castillo, Chávez y Huerta, «por la presunta infracción a diversos artículos de la Constitución», a raíz del intento de golpe de Estado.
El informe final de la referida denuncia constitucional fue sustentado por la congresista Ana Zegarra (Somos Perú), quien señaló que las conclusiones son «constitucionalmente justas» y se encuentran dentro de los parámetros establecidos.
Asimismo, se dio cuenta que este informe no incluye al exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, en razón de que una sentencia de la Corte Suprema lo retira del proceso que se sigue a los implicados en el intento de revertir el orden constitucional.
Durante el debate del referido informe final se mostraron a favor de imponer la inhabilitación los congresistas Lady Camones, Jorge Montoya (Honor y Democracia) y Martha Moyano (Fuerza Popular).
Por su lado, se opusieron al informe final los legisladores Pasión Dávila y Jaime Quito (Bancada Socialista), y Wilsón Quispe (Juntos Por el Perú).
Posteriormente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales continuó con la evaluación de la Denuncia Constitucional 554, presentada por la exFiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la congresista Lucinda Vásquez, por la posible comisión del delito de tráfico de influencias agravado, tipificado en el artículo 400 del Código Penal.
