El Ministerio de Transportes y Comunicaciones sigue fortaleciendo su política de lucha frontal contra la corrupción. En esa línea, mediante la Resolución Ministerial N.° 671-2025-MTC/01, se aprobó la directiva N.° 002-2025-MTC/01, que regula la tramitación de comunicaciones sobre presuntos hechos irregulares en los procesos de contratación que se presenten ante el MTC y sus programas.

La medida se suma a la cruzada institucional anunciada por el ministro César Sandoval, que ya ha incluido la nulidad de procesos millonarios con indicios de corrupción, la presentación de denuncias penales, la reestructuración administrativa de Provías Nacional y Provías Descentralizado, así como el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y externo.

La nueva directiva establece que proveedores del Estado, gremios, autoridades o ciudadanos podrán comunicar presuntas irregularidades a través de mesa de partes digital o presencialmente. Además, es aplicable a los presuntos hechos irregulares en cualquiera de las actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual realizados por el MTC y sus programas, que se presenten a partir de la entrada en vigencia de esta norma.

Las comunicaciones de las denuncias serán remitidas a la Oficina General de Administración y Servicios que evaluará la procedencia o improcedencia de las mismas para su trámite.

En caso de advertirse posibles hechos irregulares en los procesos de contratación vinculados a presuntos actos de corrupción, corresponderá a la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, derivarla a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, Procuraduría Pública o al Órgano de Control Institucional.

Como lo señaló en la víspera, el ministro Sandoval, el mensaje es claro: en el MTC no habrá espacio para la corrupción. Con la aprobación de esta norma, el MTC consolida un sistema de vigilancia preventiva que busca asegurar que cada sol invertido en infraestructura y servicios se ejecute con integridad, reforzando así la confianza ciudadana en la gestión pública.

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