La Contraloría busca garantizar la correcta actuación de los funcionarios en la administración estatal
En el marco de su potestad sancionadora y con el objetivo de asegurar una administración pública transparente, la Contraloría General de la República declaró consentida y, por lo tanto, firme la resolución que sanciona a un exfuncionario de la Municipalidad Distrital de Chocope.
La sanción, que consiste en la inhabilitación para ejercer funciones públicas por dos años y cinco meses, se impuso debido a la comisión de una falta muy grave en materia de responsabilidad administrativa funcional, conforme a lo establecido en la Ley N.° 27785 y sus modificatorias, que otorgan potestad sancionadora a la CGR.
La resolución N.° 000558-2024-CG/OSAN, emitida el 5 de septiembre de 2024, señala que el exfuncionario no apeló la resolución N.° 000429-2024-CG/OSAN del 10 de julio de 2024, la cual lo inhabilita para ocupar cargos públicos desde el 20 de agosto de 2024 hasta el 19 de enero de 2027. Por lo tanto, se da por concluido el procedimiento sancionador y se archiva el expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la mencionada ley.
La falta administrativa fue identificada en el Informe de Control Específico N.° 030-2023-2-2950-SCE, emitido el 21 de noviembre de 2023 por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Ascope. El informe señala que el exfuncionario autorizó la suspensión del plazo N.° 2 tres días después del vencimiento del plazo contractual de la obra de recuperación del colegio en el centro poblado Molino Cajanleque, en el distrito de Chocope.
Además, dio conformidad y autorizó el pago de la valorización N.° 8 sin aplicar la penalidad por mora correspondiente a 17 días de retraso, lo que generó un perjuicio económico de S/ 263 250 para la Municipalidad Distrital de Chocope.
CIFRAS: Al 30 de septiembre de 2024, desde que se restituyó la capacidad sancionadora de la CGR, 16 exfuncionarios y/o exservidores públicos de la región La Libertad han sido inhabilitados mediante 12 resoluciones emitidas por el órgano sancionador y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Las sanciones varían entre 260 días y cinco años, según la gravedad de las infracciones.
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