Grupo de trabajo aprobó modificar propuesta de suspensión de 120 días planteado inicialmente
La Comisión de Ética Parlamentaria acordó imponer amonestación pública escrita con multa de 30 días descuento de su remuneración contra la congresista Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), acusada de recortar el sueldo de sus trabajadores
La decisión se adoptó luego que la congresista Nelcy Heidinger Ballesteros, colega de bancada de Ruiz, planteó una cuestión previa para modificar la recomendación de sanción de 120 días de suspensión en el ejercicio del cargo congresal que proponía el informe final de la investigación.
Fueron 9 favor, 5 contra y una abstención para modificar la suspensión por amonestación con multa.
En sesión congresal se presentó el congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), quien tomó como precedente el caso de la congresista Heidy Juárez (Podemos Perú), también acusada de recortar el sueldo a su trabajadores, para invocar a los miembros del grupo de trabajo a ser «sumamente objetivos» para evaluar los medios probatorios contra su colega de bancada.
De acuerdo a Salhuana, los chats y documentos presentados durante la investigación no acreditan los hechos que se atribuyen a Ruiz y solo involucran a su asesor Jhonny Romero Nima.
Por ello, sostuvo, que a Magaly Ruiz se le puede imputar negligencia para administrar su despacho, lo que ha llevado a que se produzcan actos irregulares cometidos por su asesor.
El último viernes, la causa contra la parlamentaria de Alianza para el Progreso fue declarada «no resuelta» porque el número de votos en abstención fue mayor que los a favor, por lo cual se quedó volver a evaluar el informe final en una siguiente sesión.
Sin embargo, tras aprobarse la cuestión previa presentada por la congresista Heidinger Ballesteros, la recomendación de suspensión se varió por amonestación y el informe final fue aprobado con ese cambio.
Las investigaciones a las congresistas Magaly Ruiz y Heidy Juárez por denuncias de recorte de sueldo a sus trabajadores son las primeras con informe final en la Comisión de Ética. En ambos casos la recomendación de 120 días de suspensión sin goce de haber fue modificado por una amonestación.
Quedan pendiente los informes finales de otros siete parlamentarios que también son acusados por apropiarse de la remuneración de sus trabajadores en el Parlamento.
