Ante el levantamiento de la cuarentena focalizada en La Libertad y el fin de la inmovilización social obligatoria los domingos, la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región demandó a las autoridades mantener un estado de alerta frente al COVID-19, con el objetivo de garantizar la protección de la salud y la vida de las personas, en el marco de la nueva convivencia social y la reactivación económica del país.
Aunque en los últimos 15 días la cifra de personas infectadas por COVID-19 en La Libertad se mantiene en un promedio de 467 contagiados y el número de fallecidos alcanza las 9 personas, la oficina defensorial considera que es importante no bajar la guardia, sobre todo teniendo en cuenta la inminente llegada de una segunda ola de contagios. Ello en virtud a que el virus se habría propagado solo a un tercio de la población nacional, lo que significa que más de 20 millones de peruanos aún no se han contagiado del coronavirus.
Ante esa situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad exigió a las autoridades regionales y locales recordar a la ciudadanía que, pese al levantamiento de la cuarentena focalizada y la inmovilización social obligatoria los domingos, siguen prohibidas las visitas familiares y las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en los domicilios.
Asimismo, requirió a las municipalidades de los distritos costeros que adopten medidas y coordinen con la Policía Nacional para evitar aglomeraciones de gente en las playas y en otros espacios abiertos, a fin de que se mantenga el distanciamiento social y se practiquen las medidas del lavado de manos y el uso obligatorio de la mascarilla, con el objetivo de evitar el incremento de los contagios.
La oficina defensorial demandó también a las autoridades del sector Salud que, pese a la disminución de pacientes afectados por COVID-19, continúen las atenciones en el Hospital Temporal Ramón Castilla, por lo menos hasta que se halle un tratamiento definitivo contra la enfermedad o el Perú tenga acceso a la vacuna, y en previsión a la posible llegada de una segunda ola de contagios.
Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad señaló que apuesta porque la reactivación económica sea responsable y supeditada a la protección de los derechos a la salud y la vida de las y los ciudadanos; por ello demandó a las autoridades de los sectores Trabajo y Salud que realicen una constante fiscalización para que se preserven las medidas de bioseguridad en los locales que reinicien sus actividades en la fase 4, así como en los mercados y el transporte público, que son los espacios que congregan a más personas.