Alcaldes unidos. En la última reunión sostenida entre la máxima autoridad de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), José Ruiz Vega, y los alcaldes provinciales y distritales de la región, se acordó hacer una protesta pública contra el Gobierno Central, exigiendo se autorice a los municipios locales la compra de vacunas contra el COVID-19 y otras medidas complementarias.
Esto, a raíz del aumento de casos de coronavirus y los gobiernos locales se encuentran atados de manos y no pueden invertir más allá de sus competencias por limitaciones legales.
«No sentimos apoyo del Gobierno Central. Solo para contratar personal de salud y comprar medicinas no hemos recibido un solo sol. Si hasta este jueves las autoridades no nos escuchan, el día viernes, a las 9:00 a.m., haremos una marcha de autoridades. Damos un plazo perentorio para que los ministros se ensucien los zapatos y nos expliquen porqué no llegan los recursos a la región», anunció la autoridad trujillana.
Además de lo conversado, se acordó exigir al presidente de la República Francisco Sagasti que se cuente con mayor presupuesto nacional para que, además de que los municipios provinciales puedan comprar planta de oxígeno medicinal, también los gobiernos locales contraten personal de salud (para fortalecer la atención primaria en los Centros de Salud), cuenten con personal de fiscalización (para verificar que cumplan los protocolos y disposiciones del Estado para reducir contagios de COVID-19), así como para que compren
medicamentos para casos leves y camas UCI, con sus ventiladores mecánicos respectivos.
Asimismo, también se exigió la presencia de la premier Violeta Bermúdez y la ministra de Salud Pilar Mazzetti, para que vengan a Trujillo y asuman compromisos concretos y soluciones efectivas y eficaces.
Sobre las adquisiciones
Los alcaldes reunidos suscribieron el acuerdo, apoyando también la iniciativa legal que permita a los gobiernos locales adquirir directamente vacunas anticovid, así como solicitar que el Gobierno Central disponga el uso de impuestos para la compra de estos insumos medicinales, que flexibilizará la inversión en salud a nivel nacional.
En ese sentido, se propone que los gobiernos locales cuenten con un nuevo mecanismo de inversión pública, lo que sería «vacunas por impuestos». Ello permitiría que las empresas privadas puedan adelantar parte de sus impuestos para financiar la adquisición de vacunas contra el COVID-19.
No obstante, también se exigió que se incluya, en la primera fase de vacunación de personas en el país, al personal municipal que viene luchando también en primera línea contra la COVID-19, como fiscalizadores del transporte, negocios, limpieza pública, incluyendo personal de salud municipal.
