La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) procedió a la suspensión preventiva en el cargo por seis meses para los magistrados Ronald Nilton Anayhuaman Andia, Diana María Jurado Espino y Lucy Juliana Castro Chacaltana, quienes absolvieron a un presunto violador sexual en agravio de una mujer en Ica.
La máxima autoridad contralora dictó la medida cautelar en virtud al informe de la Unidad de Prevención Especial de la Ocma, que instauró un procedimiento administrativo disciplinario a los mencionados magistrados.
En el documento se argumenta que los jueces habrían utilizado afirmaciones que ofenderían la dignidad de la persona, presunta víctima de agresión sexual por su carácter subjetivo y arbitrario, bajo una presunta visión estereotipada que revictimizaría a la agraviada por el propio Estado, a través de un juez como operador de justicia.
Ello pondría en evidencia que los citados jueces han violentado la perspectiva y el enfoque de género, toda vez que resultaría inconcebible en jueces, que a una mujer que recurre en búsqueda de tutela judicial por una presunta violación sexual o tentativa de esta, se le prejuzgue que por el tipo de atuendo haya tenido un consentimiento tácito.
El documento indica que dicha aseveración resultaría violatoria de la ley, así como de los Derechos Fundamentales y Humanos reconocidos en la Constitución y los Convenios Internacionales de Derechos Humanos que se integran a nuestro ordenamiento jurídico con rango Constitucional, además habrían incurrido en conductas prohibidas para todos los jueces.
Se precisa también que, en la reciente visita extraordinaria realizada por la Ocma se habría encontrado en el equipo de cómputo asignado a dos de los integrantes del Colegiado, documentos ajenos a sus labores, lo que evidenciaría presunto uso de bienes del Estado para fines distintos a su función de juez, así como actos de patrocinio indebido.
