Entre enero y agosto se han registrado 1334 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en La Libertad

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La oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad demandó a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y a los juzgados de familia, la inmediata implementación de acciones preventivas para la debida protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ante los hechos de violencia ocurridos dentro de sus hogares en tiempos de COVID-19.

Según información del Programa Aurora del MIMP, en lo que va del año, de los 15 932 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes atendidos por los servicios de este sector, 1334 casos corresponden a la región La Libertad.

Al respecto, cabe indicar que, en dos informes realizados por la Defensoría del Pueblo (N° 007-2020-DP y N° 021-2020-DP) también se advirtieron dificultades en la atención de los casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes durante el estado de emergencia. Dentro de los principales problemas advertidos se identificó que la Policía Nacional no informa oportunamente los casos a la Defensa Pública o al Centro Emergencia Mujer correspondiente, para el apoyo legal a las víctimas. Asimismo, demora en la Policía Nacional para remitir los actuados al Juzgado de Familia correspondiente y, en el Poder Judicial se registran retrasos para emitir las medidas de protección en favor de la víctima.

Frente a ello, la oficina defensorial requirió a la Policía Nacional garantizar que las comisarías cumplan con su obligación de remitir inmediatamente la denuncia al Juzgado de Familia, para que dicten las medidas de protección pertinentes, bajo responsabilidad funcional.

Por otro lado, se instó al Poder Judicial garantizar que los juzgados de familia, o los que tengan competencia, cumplan con dictar las medidas de protección correspondientes en el plazo de 24 horas desde que toman conocimiento del caso. Respecto, al Ministerio Público se requirió a que las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar prioricen las medidas más efectivas para la protección de la víctima, en casos de violación sexual de niñas, niños y adolescentes, cuyos agresores/as sean personas cercanas a su entorno familiar o comunal.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad seguirá vigilante al cumplimiento de las obligaciones de las autoridades competentes, que deben brindar protección a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de violencia, y reforzar las medidas de atención durante el estado de emergencia.

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