Cinco exfuncionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa

La Contraloría General halló un perjuicio económico en contra de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, superior a los S/ 275 mil, debido a la inaplicación de penalidades por mora en la liquidación de la recuperación del colegio Ramón Castilla, obra que fue entregada con 39 días de retraso.

El Informe de Control Específico N.º 014-2022-2-2950-SCE detalla que la obra se ejecutó con un presupuesto superior a los 2 millones 845 mil soles, y que fue recibida por el Comité de Recepción a pesar de que algunas partidas de expediente técnico, más una partida adicional, no estaban ejecutadas al 100 %.

Asimismo, el contratista incurrió en retrasos injustificados para la culminación de la obra; los cuales son causales de aplicación de penalidades por mora que no fueron cobradas en la liquidación del contrato, lo que finalmente generó el perjuicio económico para la entidad municipal distrital.

El plazo para la ejecución de la obra fue de 120 días calendario, el cual inició el 27 de noviembre de 2020 pero debido a una ampliación de plazo por 28 días calendario, y la suspensión de obra por otros 30, el termino del mismo fue el 21 de mayo de 2021 y la fecha de recepción de la obra el 26 de junio de 2021.

Sin embargo, en visita de inspección del 09 de noviembre de 2021, cuatro meses después de la recepción de la obra, la Comisión de Control verificó que presentaba trabajos no ejecutados en su totalidad. Además, advirtió que el Comité de Recepción solo realizó observaciones relacionadas a deficiencias constructivas, sin verificar las partidas no ejecutadas del contrato principal y de la prestación adicional.

Por todo lo expuesto, cinco exfuncionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Casa Grande tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa; por ello, el informe de control específico ha sido comunicado al procurador público especializado en delitos de corrupción para el inicio de las acciones penales; y al alcalde distrital para el deslinde de las responsabilidades que correspondan.

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