En reunión en Casa de Gobierno, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, coordinó con el vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas, la búsqueda de espacios donde las personas con pena privativa de libertad por delito de omisión de pago de alimentos paguen sus culpas con la realización de trabajo comunitario, en el marco del cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 008-2020.

“El mes de enero salió el decreto de urgencia en virtud del cual la persona que está privada de su libertad por estar omisa al pago de alimentos no va a salir mientras no cumpla su pago, y eso no lo ayuda a él ni a su familia. Necesitamos que la persona cumpla con el pago y que lo haga en espacios donde haga servicio a la comunidad”, sostuvo.

Mencionó que el gobierno regional es una de las pocas instancias regionales a nivel nacional que tiene proyectos donde pueden intervenir este tipo de personas. “Tienen buena cantidad de actividades donde puede desempeñarse, como por ejemplo el programa de arborización, ‘Siembra y Cosecha de Agua’, en proyectos de caminos, entre otros”, dijo.

Agregó que una vez que la persona haya cumplido con el trabajo comunitario,  podrá retornar a ver a su familia, trabajar en otro lugar y seguir cumpliendo con los alimentos para los niños y niñas de nuestro país. Con esta medida también se buscar evitar la superpoblación en los centros penitenciaros, pues son numerosos los casos de detenidos por alimentos.

Al respecto, Ever Cadenillas señaló: “Nosotros vamos a ofrecer un espacio para que la gente que no tenga delitos graves pueda reinsertarse nuevamente a la sociedad a través del trabajo comunitario”.

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